En
Bretton Woods, New Hampshire, se establecieron hace 70 años las nuevas reglas
para las relaciones financieras entre los países industrializados y se trató de
poner fin al proteccionismo.
Cuando comenzó la conferencia monetaria
y financiera de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Bretton Woods, el mundo
se enfrentaba a las consecuencias políticas y económicas de dos guerras
mundiales. Hacía tiempo que las monedas de los países industrializados ya no
estaban acopladas al valor del oro, y habían financiado dos guerras emitiendo
moneda y con altas tasas de inflación. “Eso provocó al final una corrida
devaluatoria, una especie de guerra monetaria”, die Jürgen Matthes, del
Instituto Alemán de Economía (IW). Todos querían vender sus productos baratos y
se aislaban de los demás, lo que hizo que el comercio mundial colapsara.
El mundo necesitaba un nuevo orden
económico y comercial, y había dos conceptos a debate. Uno provenía del
economista británico John Maynard Keynes, cuya idea era “no dejar solo a los
estadounidenses la responsabilidad y el poder de configurar un sistema
monetario”, dice Dominik Geppert, historiador de la Universidad de Bonn.
Pero el plan de Keynes está condenado
al fracaso. Por un lado, el mundo de entonces no estaba preparado para una
solución multilateral. Por el otro, Keynes estaba desde el comienzo en una
posición débil en las negociaciones. “Keynes tenía, además, el problema de
tener que negociar las deudas de guerra de Gran Bretaña con EE. UU.”, explica
Geppert. Finalmente, se impuso el Plan White, llamado así en honor economista
estadounidense Harry Dexter White, que preveía un orden monetario internacional
con el dólar como divisa líder. Es decir, que todos los países se comprometían
a ajustar sus monedas en un determinado espectro con respecto al dólar. Como
contrapartida, EE. UU. garantizaba cambiar dólares por oro cuando fuera
necesario.
Nace
el Fondo Monetario Internacional
John Keynes y el
ministro de Finanzas chino, H.H. Kung. (1944).
Al finalizar la conferencia de Bretton
Woods se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En
1947 se sumó a esos organismos internacionales el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés). Todos ellos
forman parte del sistema de Bretton Woods, que sin duda dio nuevo impulso al
comercio internacional. Pero como este se lleva a cabo en gran parte a través
del dólar, una mayor actividad comercial se traduce en una mayor necesidad de
contar con dólares, y eso evidencia la contradicción del sistema de Bretton
Woods: ¿Cómo se puede asegurar un cambio en oro si cada vez hay más dólares en
circulación?
Pronto EE. UU. notó que, debido al
estatus de liderazgo del dólar, podían imprimir tantos billetes como querían, y
hacen uso abundante de ese privilegio, cayendo en un déficit en su rendimiento
económico. Eso significa que consumen más de lo que producen. A eso se suma la
Guerra de Vietnam, que les ocasiona un bache cada vez mayor en su presupuesto.
Dado que el curso de cambio de 35 dólares la onza, el presidente francés,
Charles de Gaulle, se niega a seguir pagando los costos de guerra de EE. UU. y
comienza a cambiar las reservas en dólares de Francia por oro en 1965, y hasta
ordena traer el oro a París en submarino.
El fin del sistema Bretton Woods
El 15 de agosto de 1971, el presidente
estadounidense Richard Nixon da por finalizada la unión del dólar al oro. Luego
de eso, los bancos centrales de Occidente han tratado por todos los medios de
mantener con vida al sistema de Bretton Woods. La suma de las intervenciones de
divisas es astronómica, sobre todo en Alemania. En marzo de 1973, el Gobierno
de Willy Brandt anuncia que ya no respaldará al dólar. Cada vez más países
siguen el ejemplo alemán, y el sistema de Bretton Woods termina colapsando.
“El sistema de Bretton Woods colapsó
porque se centraba en EE. UU., y ese país, también debido a la Guerra de
Vietnam, no llevó a cabo una política financiera orientada hacia la
estabilidad, como lo hizo, por ejemplo, Alemania”, dice Jürgen Matthes. El FMI
y el Banco Mundial sobrevivieron a Bretton Woods, y el GATT se transformó en la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
El caso del Pulqui muestra las complejidades de desarrollar una
tecnología de punta o de frontera tecnológica. Queda claro cómo juegan aspectos
de índole técnica y aspectos políticos como el revanchismo de la dictadura de
1955. Vale como ejemplo pensar en lo que significa hoy la Empresa Embraer
para Brasil.
Pulqui I
Por Javier R. Fernández *
Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, el gobierno de Perón impulsó el desarrollo de la industria
aeronáutica, dirigiendo sus esfuerzos a reclutar científicos y tecnólogos
extranjeros. La fabricación del Pulqui I y II –primer avión caza a reacción de
Suramérica– fue acompañada por otros desarrollos, como la energía atómica,
grandes obras de infraestructura e ingeniería civil, la creación del Instituto
Antártico. Estos objetivos del gobierno peronista se vinculaban con componentes
ideológicos, como la búsqueda de la autonomía económica y el acceso a las
tecnologías que permitieran resolver los “problemas nacionales” –energía,
salud, recursos naturales, producción, defensa–, que tenían sus raíces en la
exploración y explotación del petróleo impulsada por Enrique Mosconi a partir
de la década de 1920, y en el objetivo de reducir las importaciones a través de
un apoyo decidido a la industria local, en la década siguiente y la producción
siderúrgica impulsada por Manuel Savio. Heredero de estas concepciones, el
sector aeronáutico era un sector estratégico para la política industrialista.
La producción de aviones en la Argentina se remonta a
finales de la década del ’20, cuando la Fábrica Militar de
Aviones de Córdoba comenzó a producir aeronaves y motores extranjeros bajo
licencia. La sustitución de importaciones de la década del ’30 acompañó el
diseño de los primeros modelos endógenos. Más tarde, el gobierno que acabó con la Década Infame,
conocido como la revolución del ’43 e integrado por Juan Domingo Perón, impulsó
la producción de modelos autóctonos que favorecieran la utilización de materias
primas e insumos locales, especialmente madera.
En 1946, en el marco del Plan
Quinquenal se redactó una planificación específica para el Ministerio de
Aeronáutica que contempló aspectos tan disímiles como el aeromodelismo a nivel
escolar, el servicio meteorológico y la aviación militar. El proyecto, que
comprendía el período 1947-1951, incluía la producción de una extensa gama de
aviones que posibilitaban la realización de variadas misiones contempladas por la Fuerza Aérea.
Para poner en práctica el Plan,
la Argentina
se propuso contratar recursos humanos extranjeros. Sin reparar en purismos
ideológicos –al igual que Estados Unidos y la Unión Soviética–
pudo gestionar la contratación del prestigioso diseñador francés Emile
Dewoitine, que por temor de ser acusado de colaboracionista había huido de
Francia. En mayo de 1946, Dewoitine llegó a la Argentina y dio a luz,
con la participación de personal argentino, al primer caza a reacción de
Suramérica: IAe-27 Pulqui, que en araucano significa “flecha”. Durante 1946 se
fabricaron las primeras piezas del prototipo y se construyó una maqueta de
madera en tamaño real para pruebas en el túnel de viento del Instituto. El
primer vuelo exitoso del Pulqui se produjo el 9 de agosto de 1947. A partir de los
primeros vuelos, se consideró que el avión sufría una marcada falta de
potencia, baja autonomía (800km) y baja estabilidad en velocidades mayores a
600km/h. No obstante, la
Argentina era el segundo país del mundo –excluidos los que
participaron de la
Segunda Guerra– que había diseñado y construido un avión de
esas características. Este hecho tendría una clara relevancia a nivel mundial.
El 22 de septiembre de 1947, la aeronave fue exhibida en vuelo ante el
presidente Juan Domingo Perón.
Tras la primera experiencia del
Pulqui I se comenzó a desarrollar un nuevo diseño que resolviera las limitantes
mencionadas. Este nuevo proyecto llevó el nombre de IAe-27 Pulqui II.
Paralelamente, se estaba dando una disputa entre las potencias vencedoras por
los científicos y tecnólogos alemanes que habían participado en desarrollos
aeronáuticos. En este sentido, el gobierno peronista logró convocar al
renombrado diseñador de la compañía Focke-Wulf, Kurt Tank, tras rechazar todo
ofrecimiento de los países aliados. Tank, que logró fugarse clandestinamente de
Alemania a finales de 1947 con planos de los últimos desarrollos realizados, se
entrevistó con Perón y acordó la producción de una amplia serie de aeronaves,
tanto de uso comercial como militar, en concordancia con lo pautado en Plan
Quinquenal. Un requisito de Tank fue la contratación de dos equipos de
diseñadores alemanes para que trabajaran a su cargo.
A fines de 1948 se rescindió el
contrato de Dewoitine mientras que el personal argentino que se había
desempeñado con él siguió en funciones desarrollando un diseño denominado
IAe-27a. Por otra parte, la gente de Tank avanzaba en el diseño de un caza a
partir de un proyecto previo de la Focke-Wulf, el Ta-183. A medida que avanzaron
los desarrollos, se resolvió optar por el diseño del grupo alemán. Pocos meses
después, el personal argentino abandonaría el Instituto Aeronáutico. El modelo
elegido tenía características comparables a los desarrollos que se llevaban
adelante en la URSS
y EE.UU. El modelo fue bautizado IAe-33 Pulqui II y realizó su primer vuelo el
16 de junio de 1950.
El Pulqui II fue presentado en
Buenos Aires en el Aeroparque de la
Ciudad, donde Tank realizó un vuelo de exhibición ante una
gran multitud. En el mismo acto el presidente Perón dio un discurso donde
afirmó que en el Segundo Plan Quinquenal se avanzaría en el desarrollo del
modelo para poder fabricar en el país “hasta el último tornillo”. La fuerza de
esta imagen quedaría impresa en el imaginario de la patria peronista, tal como
lo retrata Santoro en su recreación documental de los años del Pulqui.
INSTITEC JUSTICIALISTA
Sport 1954 junto al IAe-27 PULQUI
Poco después, dos accidentes
fatales destruyeron dos prototipos del Pulqui II. Estos hechos, sumados a la
crisis económica y la decisión de constituir las Industrias Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado (IAME), congelaron el desarrollo aeronáutico. El proyecto
IAME perseguía sustituir bienes manufacturados importados como motos,
automóviles, lanchas, tractores, motores y aviones. Además de reducir la
dependencia sobre importaciones, se buscaba equilibrar la balanza de pagos,
fuertemente afectada por dos sequías que habían diezmado la producción
agropecuaria.
En septiembre de 1955 se
produjo el golpe de Estado autotitulado Revolución Libertadora, también llamada
Fusiladora por su carácter antipopular y terrorista. Tras deponer a Perón, el
gobierno de facto presionó a Tank por su ingreso ilegal al país. En febrero de
1956, Tank y catorce ingenieros extranjeros abandonaron el país. Este hecho se
sumaría a otros dos elementos que pondrían un freno al proyecto Pulqui. Por un
lado, cuando la Fuerza
Aérea Argentina consultó a IAME sobre el plazo para disponer
de un lote de producción de cien IAe-33, la respuesta fue de cinco años;
mientras que EE.UU. podía entregar un lote de inmediato. Por otra parte, en
noviembre de 1956, el cuarto prototipo del Pulqui II tuvo un accidente cuando
aterrizaba de una demostración ante oficiales de la Fuerza Aérea. El
piloto sobrevivió, pero el artefacto quedó destruido.
El caso del Pulqui muestra las
complejidades de desarrollar una tecnología de punta o de frontera tecnológica.
Queda claro cómo juegan aspectos de índole técnica (como el diseño del avión,
sus materiales y componentes) y aspectos políticos como el revanchismo de la
dictadura de 1955 y todo el antiperonismo, que buscó “desperonizar la patria”
golpeando un desarrollo tecnológico que habría favorecido a amplios sectores de
la sociedad. Vale como ejemplo pensar en lo que significa hoy la Empresa Embraer
para Brasil. Otro punto a mencionar es cómo el pragmatismo de un sector militar
llevó a favorecer la compra de aviones a EE.UU. y cómo desde la gestión pública
y el cortoplacismo que la caracteriza se toman decisiones que afectan a
procesos estratégicos cuyos méritos y externalidades solo asoman a mediano y
largo plazo.
*
Ingeniero electrónico y magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Quilmes.
"Pulqui,
un instante en la patria de la felicidad. Parte 1" de Alejandro Fernández Mouján
Este film nace del encuentro
del productor Marcelo Céspedes con el artista plástico Daniel Santoro. Nace
como un juego y un desafió: construir un avión (objeto artístico) símbolo de
una época y un proyecto de país, hacerlo volar, filmarlo. Así entonces Céspedes
convoca a Alejandro Fernández Mouján y el proceso comienza. A lo largo de casi
un año se filma este sueño y este film que se transforma para todos en una gran
aventura ideológica, estética, cinematográfica.
La definición más común de
equidad social refiere a la distribución de la riqueza y de los recursos entre
los miembros de una sociedad. Para ello existen distintos criterios.
Por Daniel E. Novak -
Economista
Parafraseando una sentencia
aristotélica, puede ser tan injusta la desigualdad entre iguales como la
igualdad entre desiguales. Esto implicaría que si dos personas se encuentran en
condiciones similares no sería justo tratarlas de manera diferenciada, pero
también podría ser injusto tratar de la misma forma a dos personas que se
encuentren en condiciones muy distintas.
“El único ente que puede garantizar este mínimo de
protección social es el Estado”, explica Daniel Novak.
El concepto de igualdad
remite a una idea aritmética de repartir en partes iguales dividiendo lo que se
ofrece por la cantidad de personas que reciben. Si esas personas parten de
situaciones muy diferentes (condición inicial) esa repartija aparentemente
equitativa podría estar convalidando la desigualdad de origen de cada
individuo. Así, la distribución “igualitaria” en una situación de desigualdad
originaria podría ser inequitativa.
El concepto de equidad, en
cambio, lleva implícita una idea de justicia en relación con una situación
deseable acordada previamente y valorada como tal. Esa situación objetivo
implica el acuerdo previo con base en valoraciones sociales expresadas a través
de mecanismos participativos que la legitimen por consenso. En las sociedades
contemporáneas esos mecanismos derivan en su mayoría de procesos políticos
definidos democráticamente.
Hay varias maneras de consensuar
una situación objetivo desde el punto de vista de la equidad social. Las más
comunes refieren a la distribución de la riqueza y de los recursos entre los
miembros de una sociedad. Para ello existen distintos criterios, entre los que
se destacan:
- A cada uno según su
contribución a la producción de los recursos.
- A cada uno según su
productividad y eficiencia en ese proceso.
- A cada uno según sus
necesidades, independientemente de su contribución.
Los tres llevan implícita
alguna valoración “subjetiva” de justicia. El primero considera justo que la
distribución se haga en proporción directa al esfuerzo que realiza cada miembro
de la sociedad, dando más a quien más contribuye y menos al que lo hace en
menor medida. El segundo no sólo toma en cuenta el esfuerzo sino también la
eficacia de ese esfuerzo, premiando más a quienes resultan más eficientes en la
aplicación de ese esfuerzo. Y el tercero plantea que, más allá de la
contribución que pueda hacer cada miembro, la sociedad debe ser capaz de
garantizar a cada uno lo elemental para su subsistencia en condiciones dignas.
Los dos primeros criterios,
si bien proponen una idea de “justicia proporcional” (a mayor esfuerzo y/o
eficiencia, mayor remuneración) responden a una visión individualista de la
distribución de recursos que no se compadece de los efectos sociales en la
distribución desigual de la riqueza que resultaría con el paso del tiempo. Por
eso, el reparto inicial según esfuerzos y/o eficiencia llevará, tarde o
temprano, a tener que aplicar medidas que ya no serán de igualdad (entre
desiguales) sino de equidad para morigerar las diferencias.
El tercer criterio responde
al principio de que en una sociedad “justa” todo el mundo tiene derecho, por el
solo hecho de nacer en esa sociedad, a recibir un mínimo de condiciones para
una vida digna, independientemente de la condición de origen de su núcleo
familiar. Parte de la idea de que nadie puede elegir el lugar y el momento de
su nacimiento y por lo tanto no tiene por qué sufrir los efectos de una
distribución desigual previa de la riqueza. Nadie debería nacer condenado a la
pobreza desde la cuna.
El único ente que puede
garantizar este mínimo de protección social es el Estado, mediante una política
de reasignación de recursos que permita una distribución de los mismos
diferente a la distribución original de la riqueza. Los mecanismos para esto
son múltiples y se basan fundamentalmente en las políticas tributarias
progresivas y en asignaciones que aseguren el ingreso mínimo para una vida digna
a todos desde el nacimiento. Bajo esta concepción de “derecho a una vida digna”
los receptores de las asignaciones dejan de ser beneficiarios para pasar a ser
derecho-habientes de las mismas.
La definición de una política
de equidad debería basarse en una combinación adecuada de estos criterios
básicos, ya que si se asentara en uno solo de ellos podría generarse una
situación de desigualdad progresiva, en un extremo, o de falta de incentivos
para premiar los esfuerzos y la eficiencia, en otro extremo. En términos
generales podría esperarse que los primeros dos criterios se basen en las
“leyes de mercado” mientras que el tercero surgiera de una política estatal muy
activa que garantice un mínimo de protección social para todos los habitantes.
Sin embargo, los mercados en
muchos casos generan desigualdades injustificadas, no basadas en la retribución
proporcional al esfuerzo o la eficiencia, sino producto de posiciones
dominantes que limitan el libre acceso, la transparencia y la competencia,
presupuestos básicos para que sean asignadores eficientes de los recursos.
Entonces, la intervención del Estado en pos de una política de equidad no sólo
debe ser posterior a la acción de los mercados sino que también debe ser previa
o concomitante para evitar inequidades derivadas del mal funcionamiento de los
mismos.
¿Cuál es la combinación
adecuada de estos tres criterios para una política de equidad? Eso es algo que
debe definir cada sociedad en función de los objetivos políticos prevalecientes
expresados democráticamente. En principio, el tercer criterio de equidad no
debería adquirir tal importancia que desalentara la “cultura del trabajo”.
Garantizar una vida digna no implica brindar lujos ni opulencia; pero sí poder
acceder en igualdad de condiciones no sólo a una alimentación sana sino también
a servicios sociales básicos de calidad en salud, educación y vivienda, y una
vejez sin carencias. Esto implica:
- Equidad no es sinónimo de
igualdad; las políticas de equidad pueden y deben basarse en medidas desiguales
para morigerar desigualdades ya establecidas.
- Las políticas de equidad
deberían orientarse a sostener una igualdad básica: la de todos los individuos
a tener una vida digna como un derecho adquirido desde el momento mismo de su
nacimiento y hasta su muerte.
- Para ello el Estado debería
garantizar una protección social mínima a todos sus habitantes basada en una
alimentación sana y servicios sociales básicos de calidad.
- La política de equidad debe
velar también, de manera preventiva, por el adecuado funcionamiento de los
mercados en condiciones competitivas, para evitar situaciones de inequidad
derivadas de posiciones dominantes.
La tablita cambiaria
de Martínez de Hoz y su posterior debacle de1978
a1982
contabilizó una fuga de 23.874 millones de dólares. La
recesión económica por el Efecto Tequila y las posteriores crisis financieras
en mercados emergentes de1995
a1998
sumaron una fuga de 41.039 millones de dólares.
El derrumbe de la
convertibilidad 1999-2001 totalizó una fuga de 28.526 millones de dólares.La
dimensión que ha adquirido la fuga de capitales en la economía argentina es
impresionante.
Desde 1978 hasta 2011, acumuló unos 174.000 millones de dólares
Cada episodio de fuga tiene rasgos propios, pero todos se unifican en que
se desarrollaron en un contexto de integración de la economía nacional a las
finanzas globales desreguladas y a frágiles mecanismos de control de los
movimientos de capitales. La cuestión que los diferencia es el disparador para
cada uno de los períodos de transferencia de riqueza local al exterior.
El aspecto notable de la gran fuga en el kirchnerismo fue que no derivó en
una crisis de proporciones. Es el factor distintivo respecto a los episodios
anteriores. Evidentemente tuvo un indudable impacto en la economía local, no
tanto por afectar el crecimiento del PBI, sino por restringir márgenes de
acción de la política económica desafiados con medidas heterodoxas, como la
utilización de reservas para pagar vencimientos de deuda pública. Teniendo en
cuenta las otras experiencias de fuga de capitales, ese inédito comportamiento
de la economía ha desconcertado a economistas del establishment, quienes fueron
sumando frustraciones porque la devaluación que proponían y el descalabro
económico que anunciaban, y deseaban, no se concretaba. La decepción se
acrecentaba porque la compra de dólares, las corridas y posterior fuga al
exterior no tuvieron el efecto disciplinador esperado, como el que padecieron
gobiernos pasados. No ha sido un dato menor el fracaso de esa tradicional
estrategia de presión sobre gobiernos elegidos por la voluntad popular.
Precisar las condiciones que neutralizaron el impacto de la fuga de capitales
más intensa de todas brinda elementos para acercarse a una mejor comprensión
del ciclo de la economía argentina durante los gobiernos kirchneristas.
Desde 2007 hasta fines de 2011, el monto de la fuga ha sido impactante:
79.281 millones de dólares. Monto que casi duplicaba la cantidad de reservas
que el Banco Central acumulaba en diciembre de 2011, y representaba el 18 por
ciento del Producto Interno Bruto (435.179 millones de dólares, según FMI World
Economic Outlook Database, 2011). A pesar de que este fabuloso drenaje de
divisas superó los registrados en otros episodios críticos desde 1976, la
economía no colapsó ni el sistema bancario y cambiario necesitó de la
asistencia del Banco Central. Las principales variables macroeconómicas
estuvieron bajo control. Es una característica notable del ciclo económico. En
las experiencias previas, la salida de capitales reflejaba una disminución
significativa de las reservas internacionales debido a que el Banco Central
proveía una parte importante de esos fondos. Otra parte era financiada vía
endeudamiento externo.
Si bien el stock de reservas no descendió sustancialmente, la magnitud de
la variación resultó muy afectada. Un simple cálculo muestra que sin fuga de
capitales, el total de reservas hubiera sumado, por lo menos, 124.000 millones
de dólares a diciembre de 2011. La diferencia con el stock efectivo de unos 45
mil millones de dólares es un dato contundente del costo para la economía y el
esfuerzo necesario para evitar una crisis motivada por el rasgo estructural de
fuga de capitales de la economía argentina.
La fuga no se financió con endeudamiento del Estado.
La fuente principal fue el saldo de la balanza comercial. Gran parte de las
divisas provenientes del superávit comercial de ese período no se acumularon en
las arcas del Banco Central, sino que pasaron a integrar el stock de los
activos externos privados no financieros. La fuga representó el equivalente a
casi el 80 por ciento del saldo positivo de la balanza comercial. Sin ingreso
de fondos por endeudamiento externo, la alternativa vedada a partir del default
y de la renegociación de deuda con fuerte quita de capital, y con un regular
flujo de inversiones extranjeras, las divisas provenientes del saldo de la
balanza comercial fueron un muy importante estabilizador del mercado de
cambios. DOLAR:
EL CASO BRASIL EN COMPARACIÓN CON ARGENTINA
Historias similares
con respuestas diferentes
Prácticas económicas y conductas
sociales de décadas terminaron por configurar una pauta dolarizada que requiere
de una labor paciente para modificarla, de incierto resultado. No se logra en
forma inmediata. El principal problema del nuevo régimen cambiario es el
mercado inmobiliario, puesto que es una de las mayores expresiones de la
dolarización de la economía. En un reportaje en Página/12 Héctor Valle afirmó:
“Argentina es el único país del mundo donde el cemento se vende en pesos, los
ladrillos se venden en pesos, la mano de obra se paga en pesos y los
departamentos cotizan en dólares”.
Brasil es el ejemplo más cercano
de un mercado inmobiliario local que puede concretar operaciones en moneda
nacional. El dólar no es tomado como referencia para la cotización de las
viviendas. Aquí es donde se expresa con nitidez que la dolarización en
Argentina no es sólo un tema económico.
En no pocas oportunidades se ha
explicado que la obsesión por el dólar en Argentina tiene su origen en las
sucesivas crisis económicas, devaluaciones, años de alta inflación hasta
hiperinflación y repudio de contratos económicos, como el default de la deuda.
En ese inventario de descalabros,
sin embargo, el caso brasileño no es diferente al argentino.
Argentina no se encuentra al tope
de los países defolteadores. Desde su independencia en 1816, declaró la
cesación de pagos de la deuda en siete oportunidades, siendo la última de gran
magnitud en 2001. Brasil defolteó la deuda nueve veces desde su independencia
en 1822, siendo el último en 1983, según la investigación de Kenneth Rogoff y
Carmen Reinhart, Ocho siglos de crisis financieras. Historia mundial de los
defaults.
Brasil incumplió con el pago de
la deuda más veces que Argentina.
El recorrido inflacionario tiene
también muchos parecidos.
Brasil registró tasas de
inflación altas, por encima del 30 por ciento a partir de 1974. La variación
anual de los índice de precios al consumidor, promedio anual, desde 1982 a 1994
se ubicó siempre arriba del 100 por ciento por año, con picos de 235 por ciento
en 1985. Tuvo hiperinflación de 1988 a 1994, con un piso de 1000 por ciento
anual y un máximo de 2946,7 por ciento en 1990. Un año antes, Argentina había
tenido un aumento del índice de precios al consumidor de 3079,5 por ciento.
Brasil tuvo inflación alta e
hiperinflación durante muchos años como la Argentina.
Brasil reúne entonces las mismas
condiciones de experiencias económicas traumáticas de Argentina, utilizadas
como factores explicativos del atesoramiento de dólares o la referencia del
dólar para los valores de los inmuebles. Pero en Brasil no utilizan el dólar en
sustitución a la moneda nacional. El ahorro y la compraventa de inmuebles no
están dolarizados en el mercado brasileño.
Esto no implica que grandes
capitales brasileños no fuguen dinero al exterior o desvíen fondos no
declarados hacia paraísos fiscales o hacia la compra de inmuebles en Punta del
Este y Miami. Es un comportamiento tradicional de las elites latinoamericanas.
Pero el desarrollo de transacciones domésticas relevantes tiene como unidad de
cuenta la moneda nacional, el real.
¿Por qué segmentos influyentes de
la economía argentina entonces están dolarizados?
La conducta rentista ha alterado
históricamente el funcionamiento de la economía argentina, y el régimen
financiero ultraliberal instalado por la dictadura de 1976 y la
convertibilidad, en los ’90, definieron el carácter bimonetario de la economía.
La ortodoxia y los sectores conservadores rifaron la soberanía monetaria.
La tarea de desarticular la dolarización
no es sencilla ni inmediata. La dificultad de esa labor no significa resignarse
y abandonarla, sino encontrar la estrategia adecuada para ir cambiando
prácticas que se hicieron habituales.
