Represión, liberalización y desindustrialización
IME fue en los ’50 la primera empresa de un país
periférico en diseñar y producir localmente automotores; en 1980, a partir de un
informe manipulado, fue cerrada para beneficiar a las automotrices
transnacionales que apoyaban al gobierno militar.
Por Facundo Piceaba (*)
A comienzos de la década de 1950
se creó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas de Estado (IAME, luego
IME), punto de partida de una estrategia para promover una industria automotriz
integrada localmente. IME fue la plataforma tecno-económica para la radicación
de empresas extranjeras como Kaiser, Fiat y Mercedes Benz, las primeras del
complejo automotor argentino. El control e intervención estatal en la economía
promovieron la industrialización a través de un modelo de acumulación
redistributivo y proteccionista.
Sin embargo, a mediados de la
década de 1970, la dictadura militar inició un proceso nacional de
desindustrialización y destrucción tecno-productiva.
Los economistas “de facto”
justificaron la apertura comercial como una “liberación” de la acción de los
agentes económicos que depuraría y actualizaría la estructura tecno-productiva.
Lo que ocurrió finalmente fue una transformación del modelo de acumulación a
partir de la valorización financiera, desindustrialización y privilegios para
el nuevo poder económico.
Desarticulación del modelo industrialista
En 1976, el Estado fue ocupado una
vez más en la historia argentina por un gobierno de facto, producto de una
coalición cívico-militar. A diferencia de los gobiernos militares que se
alternaron en el poder desde 1943, el gobierno conformado el 24 de marzo de
1976 no consideró estratégica la industrialización del país. Por el contrario,
el gobierno militar operó como custodio de una fracción dominante que diseñó
una política económica monetarista basada en medidas de apertura de los
mercados de bienes y de capitales, de reducción arancelaria, especulación
financiera, inflación estructural y reducción de incentivos a la producción
local, que operaron en contra del modelo de industrialización por sustitución
de importaciones. El gobierno modificó el régimen de promoción y protección a
la producción manufacturera local y se produjo una severa caída de la
participación de los asalariados en el ingreso, cambios terminales para un
modelo de desarrollo tecno-productivo mercado-internista.
La liberalización de la economía
promovió el ingreso indiscriminado de productos y tecnología importados más
baratos que los nacionales que, en una espiral inflacionaria que quebró la
cadena de pagos, desestructuraron la trama industrial construida durante
treinta años.
La apertura afectó al sector pyme
como a empresas grandes de capitales locales, en general especializadas y no
integradas en grupos económicos. La salida de la sustitución fue abrupta, lo
que impidió a la industria nacional comprender el proceso e intentar diseñar
estrategias tecno-productivas para hacerle frente.
La modificación del régimen de
promoción industrial fue el principio del quiebre del modelo sustitutivo: se
liberaron las importaciones; se eliminaron los subsidios y la protección al
sector pyme; se eliminaron las líneas de crédito público; se impuso un modelo
financiero que llevó a la quiebra a un gran número de empresas; se redujo el
salario real y se eliminó progresivamente empleo industrial bien remunerado. En
el caso del sector automotor, se concentró la industria terminal, lo que le dio
mayor poder de negociación frente a una industria autopartista pyme en
retroceso.
IME, estabilizada y en crecimiento
En 1974 la participación del
mercado de utilitarios de IME era similar a la de Ford y Chevrolet y se mantuvo
constante hasta 1978, cuando se modificó la política industrial.
Como se observa en el gráfico,
Chevrolet también fue perjudicada y en 1978 abandonó el país. Por el contrario,
en 1980, con el mercado a su disposición, Ford triplicó su producción de utilitarios
e inauguró una nueva planta a la que asistió Martínez de Hoz.
En 1979 IME era una empresa
estabilizada que preparaba un joint venture con Peugeot y un plan de producción
para consolidar a la empresa como la fábrica nacional de vehículos para el trabajo.
Sin embargo, en abril de 1980 el gobierno militar consideró que IME era
inviable y la cerró. Se nombró una Comisión Liquidadora, que en 1981 elaboró un
informe a partir de datos manipulados para justificar la medida irreversible.
Un ejemplo de ello fue contemplar como pasivos que justificaban el cierre los
enormes costos de las indemnizaciones a trabajadores y proveedores, que eran
una consecuencia del mismo.
El cierre de una empresa como paráfrasis del fin de un modelo de desarrollo industrial
A mediados de la década de 1970,
el gobierno de facto estaba enfocado en la consolidación del cambio en el
modelo de acumulación. El cierre y liquidación de IME en poco más de dos meses
fue una medida intempestiva e injustificable a partir de la posición en el
mercado o la situación contable de la empresa, pero completamente lógica de
acuerdo con el objetivo del gobierno militar.
En un escenario apoyado en la
valorización financiera como eje de la acumulación del bloque dominante, una
empresa pública y especializada en la producción automotriz no se adecuaba al
modelo diversificado y concentrado impuesto por el gobierno militar. Ello
implicó el cierre definitivo de la planta y de lo que quedaba del proyecto
metalmecánico de desarrollo local de capacidades económicas y tecnológicas.
* Investigador Conicet/UNQ
Sábado 24 de agosto de 2013
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